La Administración debe responder por los daños y perjuicios que ocasionen a los ciudadanos por el funcionamiento de los servicios públicos. Un accidente ocurrido en plena calle como consecuencia de una mala conservación del pavimento, un error producido en un centro de salud... Todo ciudadano tiene derecho a reclamar ante la Administración y también a que esta le indemnice, si le causa un perjuicio. Pero en muchas ocasiones esto no es fácil y, al final, hay que acudir a la Justicia. El libro incorpora de forma íntegra y actualizada el Régimen Jurídico del Sector Público. Los ciudadanos, como indica la Constitución española en su artículo 106.2, tienen derecho a reclamar y ser indemnizados por el daño que sufran (en bienes o derechos) por el funcionamiento de los servicios públicos. Y la obligación recae sobre cualquier tipo de administración pública, ya sea Administración General del Estado, comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos y cualquier entidad vinculada o dependiente de otras administraciones públicas.